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Reforma previsional.

Ya rigen la nueva edad para jubilarse y otros cambios

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El Gobierno comenzó a reglamentar la Reforma Previsional y puso en vigencia varios de los cambios previstos en la ley, incluyendo el que prohíbe a las empresas intimar a jubilarse a los mayores de 65 años. Ya se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de seis artículos de la ley: tres referidos a los haberes y la movilidad (el 1, el 3 y el 4) y tres referidos a la potestad de las empresas de intimar a los empleados mayores a jubilarse (el 7, el 8 y el 9). También se reglamenta un inciso de un artículo de la Ley de Reparación Histórica vinculado a la Pensión Universal para el Adulto Mayor. La edad jubilatoria “Los plazos previstos en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y sus modificatorias, que hubieran comenzado a transcurrir con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley Nº 27.426, quedarán sin efecto”, establece el artículo 4° del decreto reglamentario que permite a los trabajadores jubilarse ahora a los 70. Además, especifica que el empleador que pretenda intimar al trabajador a jubilarse, de acuerdo a los términos de la nueva ley, deberá requerir de la AnSES la información necesaria para constatar que el trabajador cumple con los requisitos, tanto edad como años de aportes. Antes, muchas empresas intimaban a los trabajadores solo por la edad, sin saber si el empleado tenían o no los 30 años de aportes necesarios. El empleador ahora podrá contar con esa información. Y concluye: “La citada Administración Nacional deberá instrumentar un mecanismo expedito para brindar la información mencionada a los empleadores, respecto de los trabajadores a su cargo”.

El reajuste de haberes

Los beneficios previsionales de quienes perciben los reajustes por el Programa de Reparación Histórica, “estarán alcanzados por la movilidad trimestral establecida por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias”, indica la reglamentación del primer artículo del decreto de reforma previsional.

La citada norma, vale recordar, estableció que la movilidad se basará en un 70% en las variaciones del nivel general del IPC elaborado por el Indec, y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

La reglamentación faculta también a la Anses a “fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, como así también el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en concordancia con el índice de movilidad que se fije trimestralmente a partir del 1 de marzo de 2018”.

El decreto aclara que si el resultado del coeficiente surgido de la variación del IPC + el RIPTE fuese “negativo”, entonces los haberes no sufrirán modificaciones.

Pensiones y Asignaciones

Por otra parte, la Anses “determinará el valor mensual de la Prestación Básica Universal y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que regirán a partir del 1 de marzo de 2018”, y sucesivamente, los valores que correspondan en forma trimestral según la variación del índice de movilidad establecido.

El organismo también tendrá a su cargo la “actualización” de los montos de las asignaciones familiares y los rangos que determinan su cobro, aplicando siempre el criterio de movilidad.

En otro orden, el decreto fija la incompatibilidad de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con quienes sean beneficiarios de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.

En esa línea, precisa que esa incompatibilidad “será aplicable” también para los supuestos en los cuales la persona tenga derecho en forma simultánea a una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, incluso los beneficios que otorgan las Cajas o Institutos provinciales o municipales, no transferidos al Estado Nacional y las Cajas de Profesionales.

Jubilaciones: Ya no será obligatorio el retiro a los 65 años

Ayer se publicó el decreto reglamentario de la reforma previsional. Los trabajadores podrán seguir trabajando hasta los 70 años.

Los hombres y mujeres que trabajan en el sector privado ya pueden optar por seguir en actividad hasta los 70 años sin que su empleador les exija el retiro, según la reglamentación de la Reforma Previsional publicada ayer por el Gobierno. 

El decreto reglamentario de la norma se encuentra en la edición de ayer del Boletín Oficial.

La medida permite que el trabajador pueda ejercer la opción de seguir trabajando hasta los 70 años. A partir de ahora, empresas y empleados determinarán cómo y cuándo implementar esta decisión.

La posibilidad de extender la actividad por 5 años más era una facultad que ya tenían las mujeres -quienes se jubilan a los 60 años-, pero contaban con la opción de no pasar al sector pasivo hasta los 65.  

El cambio para las mujeres es que ahora tienen la posibilidad de permanecer en actividad hasta los 70 años, como plazo máximo, igualándose así con los hombres. Recién después de esa edad, el empleador puede intimarlas.  

Al reglamentar la ley 27.426, el presidente Mauricio Macri dejó también “sin efecto” las intimaciones que ya habían hecho las empresas a sus empleados, antes o después de la promulgación de la norma. En el sector público no ha cambiado nada, la edad jubilatoria sigue siendo la misma que antes. 

Recién una vez cumplidos los 70 años, la empresa puede intimar a su empleado para que se jubile. Y está obligada a mantenerlo en funciones durante el plazo máximo de un año más, hasta los 71, mientras se realice el proceso previsional. 

El decreto reglamentario de la ley obliga también al empleador que pretenda intimar al trabajador a jubilarse, a requerir de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) la información necesaria para constatar que el empleado está en condiciones de jubilarse. 

Hasta ahora, las empresas esperaban que el trabajador cumpliera la edad requerida e inmediatamente enviaban la intimación, sin tener en cuenta si el trabajador tenía efectivamente los 30 años de aportes. 

Estos cambios fueron incorporados por el Gobierno de Cambiemos por dos motivos: el principal, para que haya más aportantes al sistema previsional, que necesita incrementar la relación de activos por pasivos porque puede tornarse insostenible. 

Según datos de la Anses, en la Argentina hay 6,9 millones de beneficiarios del sistema previsional. El 77 por ciento son jubilados y el resto, pensionados. A su vez, los aportantes al sistema suman 12,336 millones.

La cuenta que hacen en el Gobierno es sencilla: dividen la cantidad de aportantes por la de dependientes del sistema previsional y les da una relación de 1,78 trabajadores activos por cada jubilado o pensionado. Los especialistas aconsejan que ese ratio debe estar entre 3 y 4.

En segundo lugar, el Gobierno impulsó la posibilidad de que los trabajadores sigan en actividad porque el haber previsional, en la mayoría de los casos, es muy inferior al último sueldo que percibió quien hizo el trámite. 

Según datos de la Anses, un trabajador que haya aportado 30 años, tiene hoy una jubilación equivalente a la mitad del sueldo y, con 40 años, logra apenas el 65%. Es, en los hechos, un deterioro en el poder adquisitivo de la persona con un impacto directo en su calidad de vida.

El sistema previsional argentino otorga 1,5 por ciento de mejora al haber por cada año trabajado por encima de los 30 años de aportes, teniendo en cuenta el sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años. Por ello, los hombres que opten por seguir trabajando lograrán un alza de hasta el 7,5 por ciento extra del haber y las mujeres que lleguen a los 70, alcanzarán hasta 15 puntos más. 

Restringen el acceso a las pensiones para los mayores de 65.

El Gobierno exceptuó ayer del acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a quienes ya tengan los requisitos para jubilarse: o siguen trabajando hasta los 70 años o se jubilan, pero sin el beneficio extra.

Se trata del beneficio al que tenían derecho los que ya habían cumplido 65 años o más y no se jubilaron porque no quisieron o porque no tenían 30 años de aportes. En medio del ajuste para reducir las erogaciones de la Anses, el Gobierno tomó la decisión de achicar la población que puede tramitar el beneficio.

Estos cambios oficializados -en un anexo del decreto 110/2018 que reglamentó la Ley de Reforma Previsional- fueron realizados a un año y medio de la aprobación de la ley que estableció la PUAM, en julio de 2016.

Hasta ahora, quienes tenían más de 65 años y ya contaban con los 30 años de aporte pero seguían trabajando podían tramitar la PUAM, lo que les permitía acceder a un monto de dinero equivalente al 80% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

La prestación social es así incompatible tanto con la jubilación como con quienes ya cumplieron los requisitos para jubilarse.

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